Es un espacio electrónico de relación con la Administración de la Generalidad, es decir, un punto de acceso único a disposición de la ciudadanía y de las empresas que representa una nueva manera de realizar las gestiones públicas, sin restricciones horarias ni de espacio, con la máxima seguridad y contribuyendo a un uso más eficaz y eficiente de los recursos públicos. Se configura una oficina virtual abierta a todas horas y todos los días del año.

La normativa vigente reconoce el derecho de la ciudadanía y las empresas a relacionarse con la Administración de la Generalidad de Cataluña por medios electrónicos y, por tanto, surge la necesidad de creación de la Sede Electrónica. Así, también se asegura la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos que se gestionan.

La Sede electrónica garantiza que la información publicada es de calidad y una navegación y comunicación seguras. Todo ello bajo el resguardo de la correcta aplicación de los principios de accesibilidad, seguridad, responsabilidad, disponibilidad, neutralidad e interoperabilidad de la normativa establecida, y de los demás que sean de uso generalizado para la ciudadanía.

La dirección electrónica de referencia de la Sede electrónica es https://seu.gencat.cat

Mediante la Sede electrónica se accede a la información de los servicios y trámites de la Administración de la Generalidad. Se pueden realizar consultas sobre el estado de tramitación de los expedientes, iniciar trámites, presentar documentos por el Registro General Electrónico, acceder al Buzón de contacto de la Generalidad para presentar consultas, quejas o sugerencias, así como también consultar las publicaciones de actos administrativos y otras informaciones de interés público en el Tablón electrónico.

La Sede electrónica corporativa es única para todos los órganos de la Administración de la Generalidad, sus organismos autónomos administrativos y entidades autónomas que realizan operaciones o prestan servicios de carácter principalmente comercial, industrial o financiero; también entidades públicas vinculadas o dependientes y entes en los que la Generalidad participa, directa o indirectamente, en el 100% de su capital o fondo patrimonial.

La Sede electrónica dispone, como instrumentos de apoyo, del Tablón Electrónico y el Registro General Electrónico de la Administración de la Generalidad.

El Tablón electrónico es el medio electrónico de publicación de la información de interés general, las comunicaciones y los actos dictados por la Administración de la Generalidad y el resto de entes previstos. Cada procedimiento ha de señalar el carácter sustitutorio o complementario de la publicación en el Tablón electrónico en relación con los tablones de anuncios presenciales y el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, y se ha de garantizar la igualdad en el acceso a los servicios electrónicos de las administraciones públicas.

El Registro general electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, se crea para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se presenten por vía telemática.

Titularidad

La titularidad de la Sede electrónica es de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación de la Sede electrónica comprende la Administración de la Generalidad de Cataluña, sus organismos autónomos y entidades públicas vinculadas o dependientes y los entes en los que la Generalidad participa, directa o indirectamente, en el 100% de su capital o fondo patrimonial. Así mismo, la Sede electrónica hace extensivo su ámbito de aplicación a otros entes en que la Generalidad tiene una participación directa o indirecta, inferior al 100% de su capital o fondo patrimonial, a las concesionarias de servicios públicos y a las instituciones estatutarias, con las que se formalice un acuerdo o convenio y a la ciudadanía, empresas y entidades que se relacionen con ella.

Responsabilidades

El órgano responsable de la gestión, mantenimiento y supervisión de los contenidos comunes de la Sede electrónica es la Dirección General de Atención Ciudadana y Difusión del Departamento de la Presidencia.

Normativa

Normativa catalana:

Normativa estatal:

Convenios para la oficialidad del registro de documentos

Derechos y obligaciones de la ciudadanía cuando se relacionen con la Administración de la Generalidad de Cataluña por medios electrónicos

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos

Artículo 6. Derechos de los ciudadanos
  1. Se reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios  electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en  el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar  transacciones y oponerse a  las resoluciones y actos administrativos.
  2. Además, los ciudadanos tienen en relación con la  utilización de los medios electrónicos en la actividad  administrativa, y en los términos previstos en la presente Ley, los siguientes derechos:
    1. A elegir, entre aquellos que en cada momento se  encuentren disponibles, el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones  Públicas.
    2. A no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en  los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de  Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos recabados. El citado consentimiento  podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.
    3. A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Administraciones Públicas.
    4. A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean interesados, salvo en los supuestos en que la normativa de  aplicación establezca restricciones al acceso a la información sobre aquéllos.
    5. A obtener copias electrónicas de los documentos  electrónicos que formen parte de procedimientos en los que tengan la condición de interesado.
    6. A la conservación en formato electrónico por las  Administraciones Públicas de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente.
    7. A obtener los medios de identificación electrónica necesarios, pudiendo las personas físicas utilizar en todo  caso los sistemas de firma electrónica del Documento Nacional de Identidad para cualquier trámite electrónico con cualquier Administración Pública.
    8. A la utilización de otros sistemas de firma electrónica  admitidos en el ámbito de las Administraciones Públicas.
    9. A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.
    10. A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.
    11. A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administraciones Públicas siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

  3. En particular, en los procedimientos relativos al establecimiento de actividades de servicios, los ciudadanos tienen derecho a obtener la siguiente información a través de medios electrónicos:
    1. Los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades de servicio y para su ejercicio.
    2. Los datos de las autoridades competentes en las materias relacionadas con las actividades de servicios, así como de las asociaciones y organizaciones profesionales relacionadas con las mismas.
    3. Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos relativos a prestadores de actividades de servicios y las vías de recurso en caso de litigio entre cualesquiera autoridades competentes, prestadores y destinatarios.

Ley 29/2010, de 3 de agosto, de uso de los medios electrónicos en el sector público de Cataluña

Disposición adicional cuarta

Información sobre el grado de cumplimiento de los derechos y las obligaciones.

Las entidades del sector público, con el objetivo de dar la máxima transparencia y seguridad jurídica posible al proceso de desarrollo del uso de los medios electrónicos en Cataluña, deben informar en su sede electrónica de los derechos y obligaciones establecidos por la presente ley y la Ley del Estado 11/2007. Asimismo, las entidades del sector público deben informar sobre la previsión para hacer efectivos los derechos y obligaciones mencionados en el marco de sus servicios y prestaciones.

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